Un tribunal de la provincia de Santo Domingo le impuso una garantía económica de un millón de pesos y la obligación de presentarse ante la fiscal investigadora del caso a una regidora de Los Alcarrizos, acusada por su propia hermana de una estafa de 15 millones de pesos.

La edil Rafaela González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quedó sujeta a la medida de coerción impuesta por el juez Richard Aquino Natara, por la querella interpuesta por Ramona González, quien dijo que Rafaela le niega los artículos  de una tienda, los que afirma fueron comprados con el dinero que le envió desde Italia, durante sus 16 años de trabajo en ese país europeo.

Luego de la decisión del tribunal, la regidora escuchó los alegatos de su hermana con el rostro oculto.

 Ramona se quejó de que dejó a Rafaela como encargada de la tienda, pero que ahora ésta le dice que nada de eso es de ella.

La querellante reclama una casa, un vehículo y los efectos de la tienda; mientras que la regidora hizo saber que los bienes son por un monto de seis millones de pesos.